Recientes Logros Legislativos 

• Ley de apoyo de 2022 a los oficiales de seguridad pública (Public Safety Officer Support Act of 2022). Esta ley les extiende beneficios por discapacidad y muerte a los oficiales de seguridad pública diagnosticados con estrés postraumático o trastorno por estrés agudo en el trabajo, incluyendo a oficiales que hayan contactado a programas de asistencia en salud mental para trabajadores. AFSCME apoyó esta propuesta de ley bipartidista y el Presidente Biden la convirtió en ley con su firma en agosto de 2022 (Ley Publica 117-172).

• Ley sobre lesiones cerebrales traumáticas y estrés postraumático en oficiales del orden público (Traumatic Brain Injury and Post Traumatic Stress Disorder Law Enforcement Training Act). Esta ley les proporciona una capacitación completa y mejores prácticas al personal de primera respuesta y a oficiales de seguridad pública para que puedan reconocer y responder a las señales y síntomas de una persona en crisis debido a una lesión cerebral traumática o a una exposición repetida a eventos traumáticos. AFSCME presionó para que el Congreso aprobara esta propuesta bipartidista, la cual fue firmada por el Presidente Biden en agosto de 2022 (Ley Publica 117-170).

• Mejorar los beneficios de salud mental. Anteriormente, los planes de salud autoasegurados de gobiernos estatales y locales podían excluir la cobertura de salud mental para oficiales de seguridad pública. AFSCME apoyó esta ley bipartidista para corregir este tecnicismo. Los planes ahora deben tratar los beneficios de salud mental y trastorno por consumo de sustancias de la misma manera que cualquier otro beneficio de salud en términos de gastos de bolsillo y procedimientos como autorización previa o determinación de necesidad médica. Firmada por el Presidente Biden en diciembre de 2022. (Ley Publica 117-328).

Protecciones, capacitación y beneficios para oficiales de seguridad pública 

• Derechos de negociación colectiva para oficiales de seguridad pública. AFSCME apoya fuertemente proteger y expandir los derechos de los oficiales de seguridad pública para formar uniones laborales fuertes y negociar con sus empleadores. La Ley de cooperación empleador-empleado en seguridad pública (Public Safety Employer-Employee Cooperation Act) pondrá a los oficiales de seguridad pública de gobiernos estatales y locales en situación de igualdad con otros servidores públicos. Les proporcionará a oficiales de seguridad pública la libertad de formar una unión y les permitirá negociar con su empleador respecto a salarios y horas de trabajo. Esto promoverá una mayor cooperación entre las agencias de seguridad pública y sus empleados, lo cual resultará en una prestación de servicios de emergencia más efectiva y eficaz para todas nuestras comunidades. AFSCME también apoya la Ley de libertad de negociar en el servicio público (Public Service Freedom to Negotiate Act), la cual fortalece los derechos de los empleados públicos para formar una unión, estableciendo normas mínimas en todo el país respecto a derechos de negociación colectiva que todos los estados deben ofrecerles a los trabajadores del sector público.

• Ley de 2023 para proteger a primeros intervinientes de la exposición secundaria (Protecting First Responders from Secondary Exposure Act of 2023 [S. 261/H.R. 795)]). Los senadores Sherrod Brown (D-Ohio) y Charles Grassley (R-Iowa) introdujeron esta propuesta de ley bipartidista en el Senado y los congresistas David Joyce (R-Ohio) y David Trone (D-Maryland) introdujeron su contraparte en la Cámara. Esta propuesta de ley les proporcionaría fondos a cárceles y a prisiones estatales y locales para obtener equipo de contención y capacitación para proteger a los primeros intervinientes de la exposición secundaria debido al aumento de drogas letales como el fentanilo. 

• Ley de salud de 2023 sobre conmociones cerebrales y lesiones cerebrales traumáticas en oficiales de seguridad pública (Public Safety Officer Concussion and Traumatic Brain Injury Health Act of 2023 [S. 894/H.R. 2548]). Introducida por los senadores John Cornyn (R-Texas) y Catherine Cortez Masto (D-Nevada) en el Senado y por los congresistas Dan Crenshaw (R-Texas) y Angie Craig (D-Minnesota) en la Cámara de Representantes, esta propuesta de ley bipartidista instruye al Secretario de Salud y Servicios Humanos a recolectar y difundir información sobre conmociones cerebrales y lesiones cerebrales traumáticas en oficiales de seguridad pública y proporcionar recomendaciones y protocolos para identificar, tratar y diagnosticar conmociones. También instruye a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) a difundir información a profesionales de salud mental sobre la conexión entre lesiones cerebrales traumáticas y trastornos por estrés y tendencias suicidas.  

• Ley de 2023 para proteger y servir (Protect and Serve Act of 2023 [H.R. 743]). El congresista John Rutherford (R-Florida) introdujo una propuesta de ley bipartidista, a la cual se le refiere por “ley anti-emboscada”, que establecería un nuevo delito penal por acosar y asaltar deliberadamente a un oficial de la ley, incluyendo a un oficial correccional, causando graves lesiones corporales. 

• Ley de 2023 para luchar contra el trastorno por estrés postraumático (Fighting Post-Traumatic Stress Disorder Act of 2023 [S. 645/H.R. 472]). Aprobado por votación oral en el Senado en marzo de 2023, esta propuesta de ley bipartidista instruye al Fiscal General a crear un programa para abordar las necesidades de los oficiales de seguridad pública que han experimentado estrés postraumático o trastorno por estrés agudo relacionados con sus trabajos, incluyendo el cuidado preventivo. Esta propuesta de ley incluye acceso a un cuidado con base empírica en el trauma, apoyo entre pares, servicios de terapia y apoyo familiar para los oficiales de la ley, así como para los trabajadores en telecomunicaciones de seguridad pública.   

• Ley de 2023 de invertir para proteger (S. 1144). Introducida por la senadora Catherine Cortez Masto, esta propuesta de ley bipartidista crea un programa de subvenciones administrado por la Oficina de Servicios de Policía Orientados Hacia la Comunidad, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para ayudar a departamentos de policía con menos de 200 oficiales de la ley. Estas subvenciones permitirían la contratación, retención y capacitación de agentes de la ley incluyendo bonos de contratación y retención fijados por el gobierno local; un estipendio educativo fijado por el gobierno local para cubrir la educación de posgrado en salud pública, salud mental o trabajo social; capacitación en seguridad para agentes; capacitación en situaciones de violencia domestica para agentes; y cámaras corporales. La ley de invertir para proteger fue aprobada por la Cámara de Representantes durante el 117º Congreso pero no fue sometida a voto en el Senado. AFSCME apoya la reintroducción de esta ley en la Cámara de Representantes en el 118º Congreso. 

• Ley de hogares para cada defensor, educador e interviniente local (Ley “HELPER”, por sus siglas en inglés). Esta propuesta de ley bipartidista fue introducida en el 117º Congreso y les ayudaría a oficiales de seguridad pública y maestros en la compra de su primer hogar a través de un programa de préstamos hipotecarios únicos bajo la Administración Federal de Vivienda que eliminaría la necesidad de un pago inicial, así como de un seguro hipotecario mensual. AFSCME apoya la reintroducción de la Ley HELPER en el 118º Congreso.

AFSCME también apoya propuestas de ley que desarrollarían capacitaciones inmersivas, basadas en situaciones reales, para mejorar la seguridad de los oficiales, su resiliencia e intervención en crisis; la eliminación de un requisito federal que obliga a los gobiernos estatales y locales a contribuir fondos para chalecos antibalas si desean recibir subvenciones críticas en honor al héroe caído de AFSCME Wayne “Cotton” Morgan; y el cierre de un vacío legal injusto en el Beneficio para Oficiales de Seguridad Pública (PSOB, por sus siglas en inglés) que excluye a paramédicos y técnicos médicos de emergencias empleados por servicios de ambulancia privados que mueren en el ejercicio de su deber. 

Lograr Equidad en la Jubilación para Oficiales de Seguridad Pública  

• Revocar el ajuste por pensión de gobierno (Government Pension Offset, o GPO) y la ley de eliminación de ventaja (Windfall Elimination Provision, o WEP) (S. 597/H.R. 82). Más de dos millones de trabajadores en todo el país, incluyendo a muchos oficiales de seguridad pública y sus familias, se ven perjudicados por el GPO y la WEP. Estas dos políticas impactan injustamente a empleados públicos que son excluidos de la cobertura de la Seguridad Social. AFSCME apoya fuertemente la revocación de estas leyes injustas. 

• Oposición a la cobertura obligatoria de la Seguridad Social. Cuando se creó la Seguridad Social, los empleados públicos fueron excluidos de ella. Los gobiernos estatales y locales diseñaron planes de pensión y sistemas de retiro para satisfacer las necesidades únicas de los empleados públicos, y para brindar beneficios en lugar de la Seguridad Social. Por ejemplo, los planes estatales y locales toman en cuenta la normalmente más temprana edad de jubilación de los oficiales de la ley y otros oficiales de seguridad pública en comparación con otros empleados públicos. Si el gobierno federal exigiera la cobertura de la Seguridad Social para todos los actuales o futuros empleados, pondría en alto riesgo la solvencia financiera de estos planes estatales y locales. 

Mayor financiación para agencias del orden público estatales y locales 

• Programa de subvenciones “Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant” (JAG). El programa JAG del Departamento de Justicia es la principal fuente de fondos federales de justicia del país para jurisdicciones estatales y locales. Diseñado para ofrecer fondos flexibles para enfrentar los principales retos en seguridad pública de una jurisdicción, puede usarse para abordar problemas de personal, capacitación y equipo, y para mejorar programas de rehabilitación en agencias/departamentos de policía, correcciones y justicia penal. AFSCME apoya incrementar estos fondos para apoyar plenamente estos importantes programas y subvenciones. 

• COPS, COPS Contratación, COPS Mejorías. Este programa del Departamento de Justicia otorga subvenciones a agencias del orden público estatales, locales y tribales para contratar y capacitar a oficiales de la ley que participen en policía comunitaria; comprar y desplegar nuevas tecnologías de lucha contra el delito; y desarrollar y poner a prueba nuevas e innovadoras estrategias de mantenimiento del orden. AFSCME insta al Congreso a financiar plenamente este programa. 

• Subvenciones de coparticipación para la compra de chalecos antibalas. Este programa de subvenciones federales compartidas ayudaría a gobiernos estatales y locales a comprar chalecos antibalas para oficiales de seguridad pública. AFSCME insta al Congreso a que apoye la plena financiación de este programa destinando al menos $30 millones en fondos anuales, y al mismo tiempo que siga buscando exenciones para los estados que no puedan compartir los gastos de este programa. 

• VALOR (Violencia contra los oficiales de la ley y asegurar la resiliencia y capacidad de supervivencia de los oficiales) es un programa que busca brindarles seguridad y resiliencia inmediatas y en el largo plazo a nuestros oficiales de seguridad pública. El programa ofrece capacitación sin costo, realiza investigaciones y proporciona recursos que benefician a los oficiales de la ley.

Luchar contra la Terciarización de las Operaciones de Seguridad Pública 

• Prohibir las Cárceles Privadas. AFSCME apoya propuestas de ley y acción ejecutiva que les requieran al gobierno federal y a los gobiernos estatales y locales operar directamente y desempeñar los servicios de seguridad esenciales en cárceles, prisiones y centros de detención.